El Ministerio Público anunció
orgulloso el pasado 17 de enero (Ver
nota de prensa), que, tras cinco años de extenuantes investigaciones, logró
reducir de 48 a 26 los sospechosos del descarado robo por el famoso asunto de La
Trocha Juan Mora Porras y reducir el daño a la Hacienda Pública de más de 20.000.000.000
(veinte mil millones) a tan solo mil y pico de milloncillos. Una tarea sin
ninguna duda difícil.
Lo cierto es que de los más de
veinte mil millones de colones despilfarrados mediante el Decreto Ejecutivo
suscrito por la presidenta Laura Chinchilla y el Ministro de Transportes Francisco
Jiménez no queda nada, y de La Trocha menos, tan solo el nombre embarrialado de nuestro libertador Juan Mora Porras en lo poco de lodazal que queda.
Y qué pasó con el artículo 11 de
la Constitución Política que en su segundo párrafo que dice:
“La Administración Pública en
sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados
y rendición de cuentas, CON LA CONSECUENTE RESPONSABILIDAD PERSONAL PARA LOS
FUNCIONARIOS en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para
que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que
cubra todas las instituciones públicas.”
¿Cómo fue que el Poder Judicial
logró exculpar de responsabilidad a la presidenta y al ministro de transportes?
¿No firmaron ellos el decreto de emergencia? ¿No ordenaron ellos la
construcción de la trocha? ¿No dispusieron ellos de fondos públicos? ¿Acaso no
son ellos entonces quienes deben rendir cuentas sobre los resultados de la obra
que emprendieron?
Germán Hernández
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